Una esperada decisión adoptó esta madrugada la Cámara de Diputados de Neuquen, al dar aprobación a la expropiación de la ex fábrica de Zanon, que pasa a manos de una cooperativa de obreros, tras una sesión de siete horas, que continuará hoy con el tratamiento en particular. También se aprobó la expropiación de 336 hectáreas en Senillosa.
La Cámara de Diputados de Neuquén aprobó en general con el voto de 26 diputados la expropiación de la ex fábrica Zanón. Lo hizo tras una extensa sesión de siete horas en la que 23 legisladores argumentaron el posicionamiento frente a una iniciativa del poder Ejecutivo que autoriza la expropiación con avenimiento de bienes muebles e inmuebles que pasan a manos de la cooperativa Fasinpat. La ley autoriza hasta23 millones de pesos para indemnizar a los acreedores privilegiados. Votaron a favor el bloque del MPN con sus 15 diputados; 4 justicialistas de la Concertación y un radical; 2 del bloque de Alternativa y los unipersonales de UNE-MUN-PS,Servicio y Comunidad, Apertura Popular y Libres del Sur. En tanto, no apoyaron 8diputados de la Concertación – 6 de la UCR y 2 del PJ- y el de Opción Federal.La sesión comenzó a las 17 con asistencia perfecta de diputados, bajo la presidencia de la vicegobernadora Ana Pechen. A la vez, tuvo rápido tratamiento la aprobación en general de la expropiación de 336 hectáreas en Senillosa. Hoy la las 14 la Cámara continuará el debate en particular de ambas leyes.
La sesión fue presenciada por trabajadores de Fasinpat desde el sector de barra del recinto y en el exterior del edificio, acompañados por dirigentes de otros gremios y de organizaciones de derechos humanos. También asistieron el ministro de Gobierno, Educación y Cultura, Jorge Tobares y el intendente de Senillosa, Raúl Bettiga.
Desde el oficialismo, el presidente del bloque y miembro informante del proyecto, José Russo, reivindicó la decisión política del gobernador Jorge Sapag de encontrar una solución definitiva al problema de los trabajadores de la ex Zanon. Recordó que la cerámica es “una herida abierta hace 8 años”. Además, defendió el trabajo de los diputados y la convicción para que 400 obreros mantengan sus fuentes de trabajo, con seguridad jurídica y a bajo costo para el Estado. Entre los argumentos, contrapuso la recuperación de fuentes de trabajo genuina que evitó subsidiar a familias desocupadas por un monto de 20 millones de dólares en 8 años con valores de la canasta básica total. En ese sentido, concluyó que la expropiación también es “un buen negocio”.
Soledad Martínez, de Alternativa,también miembro informante, subrayó como “hito” la resolución de la jueza Taiana que estableció el “lockout patronal ofensivo”, determinando la responsabilidad empresaria en la quiebra de la empresa. A la vez, valoró la determinación del poder administrador de poner el tema en la agenda política. Explicó el andamiaje legal que da sustento a la expropiación con avenimiento y ratificó la potestad de la Cámara para declarar la “utilidad pública” del bien expropiado. Concluyó que el procedimiento exime a la provincia de eventuales reclamos de acreedores.
Marcelo Inuadi, en representación del posicionamiento mayoritario de la UCR,cuestionó el proyecto por no aportar una solución definitiva; objetó que no garantiza la continuidad de la empresa, no satisface a los obreros ni asegura la paz social, entre otras críticas.
A su turno, Luis Sagaseta, diputado PJ de la Concertación, destacó el objetivo de construir la paz social e hizo referencia a 80 fábricas recuperadas en la Argentina y justificó el apoyo en su condición de “peronista”. Sus pares del PJ Amalia Jara, Miguel Guidali y Fanny Longo, se pronunciaron de igual manera.
Eduardo Benítez, único diputado radical que voto en forma favorable, sustentó su acompañamiento en la defensa de los 400 puestos de trabajos. A la vez, agradeció el disenso que le permite su partido.
Ariel Kogan, defendió su despacho por minoría, que prioriza el pago de acreencias salariales a ex trabajadores de Zanon que no forman parte de Fasinpat.
Por el Interbloque, Daniel Baum subrayó la validez jurídica del procedimiento e inscribió la decisión de expropiar como un acto de solidaridad de los trabajadores. En tanto, Horacio Rachid rechazó la iniciativa por no contar con un presupuesto.