El objetivo de la acción judicial, patrocinada por el asesor de la Defensoria del Pueblo, Dr. Julián Fernández Eguía, es que se evalúe la posible afectación ambiental a partir del deficiente funcionamiento y rotura sistemática de la denominada "Colectora Oeste" y a la insuficiencia de la planta depuradora, que derivó en vertidos sistemáticos de esos líquidos al lago Nahuel Huapi.

En el escrito se atribuyó responsabilidad a la Provincia de Río Negro, específicamente al Consejo de Medio Ambiente local —CODEMA— y al Departamento Provincial de Aguas, a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y a la Cooperativa Eléctrica de Bariloche Lda. —C.E.B.—, concesionaria provincial del sistema de transporte y tratamiento de efluentes cloacales, requiriendo se impida la conexión de nuevos servicios cloacales que conlleven agravar la capacidad de la "Colectora Oeste" hasta que se concrete el plan de emergencia para que cese el vertido de líquidos (crudos) al Lago Nahuel Huapí.

La Procuradora General de la Nación, Laura Monti, en su dictámen del 11 de octubre pasado, expresó que deberá tenerse como legitimada a la Defensoria del Pueblo para actuar en virtud de la ley nacional del Ambiente,  descartando de plano cualquier cuestionamiento sobre el particular.

Dictaminó luego que, a su modo de ver, “en el juicio se debate sobre la contaminación de un recurso ambiental interjurisdiccional, compartido por las Provincias de Río Negro y Neuquén, el cual está ubicado dentro del Parque Nacional Nahuel Huapí, por lo que entiendo que el requisito exigido por el legislador se encuentra cumplido”.