"Queremos una provincia donde el respeto al discenso y a las libertades pùblicas sea una realidad insoslayable. No queremos miedo en las calles de Rìo Negro. Queremos respeto para el que piensa distinto y el que reclama por sus derechos adquiridos", expresó la legisladora del ARI, Magdalena Odarda en referencia a las amenzas de sanciones contra los trabajadores estatales que realicen medidas de fuerza.

---

(Prensa CC-ARI).- La legisladora Magdalena Odarda manifestó su solidaridad con los sindicatos y trabajadores de la provincia de Río Negro ante las declaraciones recientes del gobierno que expresan la voluntad de sancionar a los trabajadores que se manifiesten en defensa de sus derechos laborales y ejerzan el reconocido derecho de huelga.

"Queremos una provincia donde el respeto al discenso y a las libertades pùblicas sea una realidad insoslayable. No queremos miedo en las calles de Rìo Negro. Queremos respeto para el que piensa distinto y el que reclama por sus derechos adquiridos", subrayó la diputada provincial de la CC-ARI.

Las constantes interrupciones y destrato en el Parlamento cometido por algunos legisladores hacia otros vulnerando el derecho a la libre expresiòn de la oposiciòn, los despidos en el canal pùblico violando el derecho a la libertad de prensa, los òrganos de control en manos de funcionarios, dirigentes, ex candidatos del oficialismo que deberàn  controlar a quienes los impulsaron para ocupar dichos cargos, son algunas de las medidas antipopulares  que nos hacen retroceder años en calidad institucional.

Además, la parlamentaria arista indicó: "La derogaciòn de la ley anticianuro significò dar por tierra en no mas de dos horas en la Legislatura provincial, con una conquista social de los ciudadanos rionegrinos y sus organizaciones que demandò la lucha durante años en la defensa de nuestros bienes comunes".

"No queremos una empresa del estado que por un afàn de ganancias compartidas con las multinacionales del oro, sea partícipe necesaria en la destrucciòn del medio ambiente, en la contaminaciòn de nuestros cursos de agua, en la vulneraciòn de los derechos de nuestro pueblo mapuche, en el saqueo de un elemento vital para la vida de los pueblos y su agricultura: EL AGUA", detalló la parlamentaria.

Por ùltimo, la Legisladora Magdalena Odarda repudiò la intimidaciòn sobre los ciudadanos autoconvocados de Ingeniero Jacobacci y de Viedma que fueron fotografiados por personas desconocidas. "Conocemos lo que ha significado este tipo de acciones que imponen el terror sobre los ciudadanos con las consiguiente violación a los derechos humanos en los negros dias de la dictadura militar en la Argentina", agregó.

La criminalización de  los movimientos populares es un aspecto orgánico de la política de “control social” del neoliberalismo. Articula distintos planos de las es-trategias de dominación, que van desde la criminalización de la pobreza y la judicialización de la protesta social, hasta la represión política abierta y la militarización. Son distintos mecanismos tendientes a subordinar a los pueblos a las lógicas políticas del gran capital, para asegurar el control de los territorios, de los bienes de la naturaleza, de las poblaciones que los habitan, y para reducir o domesticar las disidencias.  alerta un documento llamado Criminalizacion de la protesta y de mos movimientos Sociales elaborado por Kathrin Buhl y Claudia Korol