El juez Martín Lozada sobreseyó a los ex-presidente y ex-vicepresidente de la CEB (1996-2001) y dio por terminada una investigación que tuvo su origen en un informe emitido por una comisión especial creada por la Legislatura de la Provincia de Río Negro. La resolución fue apelada por la actual conducción de la CEB.

Foto archivo Alejandra Bartoliche.

Sin embargo, para el magistrado se trató, en lo fundamental, "de medidas adoptadas como consecuencia de una estrategia empresarial llevada adelante en función del contexto económico de la época, las cuales, analizadas desde el presente, arrojan datos elocuentes en torno a su inconveniencia respecto de los intereses patrimoniales de la citada cooperativa".

En relación al "elemento subjetivo" requerido por el tipo penal en cuestión expresó que "es dable afirmar que no ha sido posible colectar elementos objetivos de prueba que permitan acreditar que la administración llevada a cabo por parte de los prevenidos estuviera signada por ... la finalidad de procurar un lucro indebido para sí o para un tercero, o bien de causar un daño".

El juez aclaró además, que "de las constancias objetivas reunidas en el expediente surge el carácter fallido de la gestión encabezada por los encartados, su grueso error de cálculo, la existencia de pérdidas patrimoniales de importante magnitud económica, mas no, en cambio, que tal resultado fuera consecuencia de un accionar orientado a la consecución de un beneficio patrimonial determinado, o motivado por la intención de producir un daño cierto y mensurable en las arcas o en la estructura administrativa de la CEB".