La nota menciona que según la documentación hay 400 millones de pesos ya abonados por el Estado, por obras que nunca se llevaron a cabo. A esto se suma que hay expedientes internos con documentación clave "sugestivamente extraviados".
Señala la nota que esta información de se desprende de uno de los relevamiento que se realizaron en torno a la obra pública y que habría dado lugar a una denuncia penal por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público contra la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la intendenta María Eugenia Martini. La denuncia tramita en el juzgado criminal y correccional federal 9, a cargo de Luis Rodríguez.
El ministerio del Interior realizó un informe, en el que el primer proyecto analizado fue firmado el 23 de diciembre de 2013 por el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Germán Nivello, dependiente de López, y por Martini. Implicaba la construcción de 376 viviendas sociales en distintos barrios de la ciudad, con una inversión global del Estado nacional de 169 millones de pesos. La obra comenzó en febrero de 2014, y si bien fue abonada en un 99 por ciento, el avance es del 53 por ciento.
Sin embargo, en los papeles figura que se presentó el 100 por ciento de avance de obra, requisito que debe cumplirse mensualmente para que Nación gire los fondos.
La nota menciona otro convenio, firmado meses antes de la campaña presidencia, destinado a la construcción de 495 viviendas por $ 249 millones en doce meses. Según la auditoría realizada, se giró el total de los fondos, contra la presentación de un 100 por ciento de la certificación de avance de la obra. Nunca se hizo ningún trabajo.
Señala la nota de Clarín que "los auditores hallaron que varios de los certificados y de las actas de finalización de obras sólo fueron firmadas por la intendenta María Eugenia Martini" y que "no merecieron objeción de las áreas involucradas en la recepción de de los referidos certificados de obra y pago de los mismos” en Planificación Federal. También les llamó la atención la falta de las firmas "de un representante técnico del municipio y de la empresa contratista, como acaeció en los primeros certificados”.
Respecto al programa Techo Digno no se encontró el expediente por lo que se solicitó al juez que evalúe si se incurrió en destrucción de documento público.
Finalmente la nota expresa que el informe "no cuestiona el rol de las empresas que estuvieron a cargo de los proyectos, Alusa y Oriente Construcciones".
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