Un acta compromiso podría ser el puntapié del desembarco de las inversiones comprometidas en el cerro Catedral. El jueves (12/12) por la tarde se conoció el documento en el que la empresa Catedral Alta Patagonia (Capsa), la Municipalidad de Bariloche y el legislador Alejandro Ramos Mejía, acercaron posiciones y anunciaron que se ampliarían los beneficios en el marco de la renegociación contractual.
La empresa se comprometió a llevar adelante acciones adicionales a las que establece la prórroga del plazo de la concesión “con el objetivo de preservar e incrementar las fuentes de trabajo” en la ciudad, mientras que Ramos Mejía acordó poner fin al proceso judicial que promovió y así ratificar la validez de la ordenanza (2929-CM-2018) que aprobó el plan de modernización.
Según el escrito, el “contexto de retracción” en la economía nacional y la paralización de los proyectos de inversión demandan que el centro de esquí recupere competitividad. De esta manera se pondría en marcha un sector que facilitaría la generación de empleo en forma directa e indirecta.
Los puntos más relevantes del acuerdo
Luego de dejar atrás parte de la compulsa judicial, la empresa concesionaria asumió ocho obligaciones adicionales a las que fueron establecidas en la ordenanza municipal que habilita al intendente Gustavo Gennuso a firmar la prórroga contractual.
Mano de obra local. La empresa priorizará la contratación de mano de obra local para la ejecución de obras y servicios. Esto no solo refiere al plan de modernización sino también a las actividades que desarrollará luego. El mínimo de contratación de barilochenses estará en el orden de 80%.
Bolsa de trabajo y pasantías. Capsa se encargará de realizar acuerdos con las Escuelas de Esquí y con las rentadoras de equipos de nieve. Para ello también celebrará convenios con la Universidad Nacional del Comahue y la Escuela Municipal de Montaña.
Pases de ascenso a medios de elevación. Se ratifican los beneficios acordados respecto los pases Infantil; Programa Esquí Escolar; Escuela Municipal de Montaña; Instructores de Escuelas o Independientes; Clubes Infantiles federados de esquí y snowborad; Equipos Competición clubes locales federados; Esquí de Fondo; Cursos cortos clubes infantiles locales federados de esquí y snowboard; Pases sin cargo para ascenso de peatones residentes; y descuentos en pases para principiantes.
En este punto además se establece que los 100 pases de temporada CRUB-Unco tendrán un valor equivalente a un pase diario esquiador de alta temporada.
Desarrollo urbano y complejo hotelero. La empresa reconoce la potestad del municipio sobre el área Catedral y cualquier desarrollo hotelero deberá cumplir con la normativa vigente. Además se deberá contar con la infraestructura básica que no podrá generar un costo extra al municipio ni a los vecinos. Además el municipio podrá participar de la “renta diferencial urbana”.
Readecuación y revisión del canon único anual. Las revisiones se podrán realizar cada cinco años a partir de los 13.500 pases fijados en la ordenanza 2929/18.
Planes de revisión de obras complementarias. En caso de surgir nuevas obras, deberán tener en cuenta las tasas de crecimiento en el uso de servicios, las innovaciones tecnológicas, y las actividades integrales del cerro.
Política de responsabilidad empresaria. Se acuerda la creación de un Instituto de Formación en Actividad de Montaña para capacitar a la futura mano de obra local de acuerdo a la demanda del sector. Además Capsa cede un espacio para el funcionamiento del Instituto y deberá colaborar con la conformación del equipo docente, programas de estudio y prácticas.
Creación de Comisión de Seguimiento. Tendrá como función “monitorear” la ejecución del plan de modernización, sin interferir con las funciones del Ente Autárquico Municipal Fiscalizador del cerro (Eamcec).
No obstante, para la puesta en vigencia de estos puntos se deberá aplicar en forma definitiva la ordenanza de prórroga de la concesión además de la firma del contrato. A través de un comunicado, la empresa dijo que está “trabajando firmemente” con las partes que aún están involucradas para solucionar el conflicto judicial.
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