Gustavo Contín, juez de Faltas de Bariloche, se refirió al caso del Museo de Lago Gutiérrez y comentó que todo comenzó en el 2017 con una infracción por falta de habilitación comercial. Manifestó que desde un comienzo el propietario se mostró enojado y le planteó que si no se resolvía se iba a llevar sus cosas a España.
En diálogo con Radio Seis el juez comentó que el tema empezó en el 2017 con una infracción por falta de habilitación comercial y al citar al propietario le dijo que no requería habilitación, se le tomó el descargo y al ver la legislación actual se resolvió multar y clausurar porque se verificó el desarrollo de una actividad comercial.
Apeló la resolución y el propietario muy enojado "manifestó en todos lados que si no se resolvía se iba a llevar a sus cosas a España".
Contó que el intendente le condona la multa y le dio un plazo de 15 días para que procediera a habilitar, pero no lo cumple nunca, "luego continúo el trámite, nunca habilitó y culminó con una petición de ejecutar la clausura, que luego de varios plazos fueron los oficiales de justicia a tal efecto".
Continuó el trámite y llamaron los concejales para ver qué solución le podían dar porque querían mantener la actividad, a ver qué forma jurídica le podían dar. Expresó que estaban "todos preocupados con la amenaza de que sino el museo se perdía para Bariloche, circunstancia que le hice saber a algún concejal, si cierra las cosas quedarán acá porque hay una ley provincial y nacional que es patrimonio del Estado y no del particular".
Contín contó que se suspendieron actuaciones por un tiempo prolongado y no se ejecutó la clausura, ante un pedido desde Viedma. La última información que tengo es que no estaba realizando actividad.
Insistió en que desde la primera reunión le dijo que "el municipio lo obligaba a eso, que él le hacía un bien a la comunidad y que sino se lo llevaba a España. Lo manifestó no sólo a mí sino a mucha gente, que me llamó para intermediar y que pudiera habilitar".
El funcionario manifestó que "en todas las conversaciones surgía eso, que era un peligro que perdiéramos un museo". Agregó que Corsolini y su hijo también, empleado de Provincia y que había sido designado para realizar un inventario, se había presentado en el expediente. Finalmente el museo dejó de funcionar, "es algo raro, creo que en este caso el propio Estado tuvo falencias en cuanto a los controles". Explicó que en algún momento surgió la necesidad de determinar qué había dentro del museo y surgió la necesidad de hacer el inventario.
"La idea del municipio no es clausurar pero si corresponde habilitar no puede ser que quede a voluntad del sujeto habilitar, si no quiere habilitar no puede seguir con la actividad, el propio intendente le perdonó la multa pero no así la obligación de habilitar", concluyó.
Ver nota: La Aduana frustró el contrabando de 100 piezas fósiles de un museo de Bariloche a España.
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