(VDM Noticias) El Ministerio Público Fiscal acusó hoy a 6 hombres -dos de ellos choferes de la Administración Pública Provincial- de realizar maniobras con dos tarjetas pertenecientes al programa "YPF en Ruta" y perjudicar al Estado provincial en más de 50.000 pesos.
Según la acusación fiscal, usando las patentes asignadas a vehículos oficiales y las tarjetas pertenecientes a los dos empleados públicos -quienes además habrían suministrado los respectivos códigos de seguridad- otras cuatro personas compraban lubricantes y cargaban combustible que después pagaba el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia.
Fue el propio organismo provincial el que presentó la denuncia penal por los hechos que se habrían producido durante algunos meses del año 2019 y en los que estarían involucrados los imputados de apellidos Barilá, Lucero Hausman, Moreno Francisco, Nicoliello, Novoa y Soto.
El fiscal de la causa, Juan Pedro Peralta, manifestó que “se ha analizado cuantiosa documentación y resta aún analizar más, por lo que se requieren los cuatro meses de investigación penal preparatoria” y señaló que “hace pocos días YPF terminó de remitir gran cantidad de tickets de la primera parte del año pasado, que nos permiten sospechar de la multiplicación de este tipo de maniobras que debemos seguir investigando”.
Según relató la Fiscalía en la audiencia de Formulación de Cargos que se hizo hoy, los dos choferes aportaban las tarjetas asociadas a vehículos oficiales y los restantes imputados completaban la maniobra, a través del pago de los servicios con las mismas y cambiando las patentes de sus vehículos por aquellas pertenecientes a los vehículos del Estado.
Todas las transacciones se realizaron en la misma estación de servicio, ubicada en la vecina localidad de Carmen de Patagones.
Como sustento probatorio el Fiscal tiene la denuncia penal de quien se desempeñaba como secretaria de Administración de Obras, los informes relacionados con las comisiones de servicio efectuadas por los vehículos oficiales y la documentación relativa a la trayectoria laboral de los empleados públicos.
Además, se analizaron cámaras de seguridad que registraron las compras en las estaciones de servicios implicadas y el tránsito en ambos puentes. Se recabaron declaraciones testimoniales y se analizaron informes de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones que dan cuenta del entrecruzamiento de distintas llamadas telefónicas realizadas entre los imputados.
Al no existir observaciones ni oposiciones por la Defensa Pública encargada de la representación legal de los imputados, el Juez tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura formal de la investigación.
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