"Nos sorprendemos nuevamente con una contratación directa autorizada por el intendente por fuera de la normativa local", expresó Wallace y agregó que "es el cuarto año que vamos de gestión, se ha dicho al intendente que no puede hacer uso indebido de esta herramienta".
Precisó que en este caso se trata del alquiler, en dólares, por 100 contenedores de basura que serán instalados en Mitre. "Otra vez aduciendo necesidad de urgencia y gastando para ello 12 millones de pesos, 243 mil dólares", lamentó y agregó que sumado a la primera denuncia de 18 millones de pesos, se puede hablar que el intendente avanzó en este año en contrataciones directas por más de 30 millones de pesos. "Es inaceptable desde el punto de vista legal", afirmó.
Por este motivo resolvió ampliar la denuncia penal en fiscalía, para que se evalúe "si existe abuso de autoridad por usar un mecanismo de excepción como regla".
Además, Wallace sostuvo que "la justificación de la necesidad de urgencia está muy poco clara, para evitar dispersión de basura y que se tapen pluviales. Denota una falta de previsión, otra vez nos encontramos con una falta de planificación y previsión para avanzar en un política pública".
Sostuvo que en este caso el mecanismo de necesidad de urgencia no cuaja normativamente y "no está razonablemente fundado". Insistió en que "aparecen fundamentaciones vagas que no dan transparencia en el manejo de fondos públicos".
Según manifestó Wallace existen más de 7 resoluciones en las que se advirtió al intendente que esta herramienta no puede ser usada, "existe la persistencia del intendente de seguir usándola y no hacer caso a la advertencia del tribunal por lo que entiendo que esta instancia está agotada y por eso recurro a la justicia para que el fiscal evalúe si la conducta del intendente es reprochable penalmente".
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