Dijo encontrarse muy contento porque "he llegado a esta sexta instancia". Manifestó que ganó en primera instancia y luego esto fue ratificado en segunda instancia. Luego "he ganado los 4 recursos que ha presentado tanto la fiscalía como la querella". Martínez sostuvo que fueron cinco años de "mentira e impunidad para los que me han querellado".
En seis oportunidades la Justicia ha ratificado que era completamente inocente"
En diálogo con Radio Seis el ex funcionario provincial recordó que el caso se inició con un llamado anónimo de un empleado de la Agencia de Recaudación Tributaria y ha generado un "gasto jurisdiccional absolutamente inútil, para llegar a la nada misma, a comprobar que las acusaciones que se habían hecho eran falsas". Manifestó que en ese sentido hay prueba testimonial y documental.
Raúl Brunello declaró que fue él el que se encargó de llevar el proceso de ejecución fiscal adelante y que no recibió instrucciones sobre la necesidad de avanzar o paralizar el expediente, a lo que se suma el testimonio de la martillera Laura Pérez Lavayén, que certificó que no hubo injerencia de Martínez en el desarrollo del remate y que el inmueble fue tasado en 115 mil dólares.
Consultado por una cuestión ética, sostuvo que su suegro es libre de participar de ese o cualquier otro remate y que es importante velar por el cumplimiento de la ley. "Yo no puedo gobernar la vida de mi suegro ni la de otras personas", expresó y agregó que "yo no he tenido participación en el proceso de ejecución fiscal, no era mi trabajo, el hecho de ser jefe de la delegación no cambiaba absolutamente nada la situación". Destacó que "a los efectos legales hubiera sido lo mismo" porque, según comentó, ante la duda que pueda generar en la sociedad que pudiera haber alguna falta de transparencia, lo que exige el Código Penal es que el funcionario público le avise a su superior para que se aparte del cargo en ese caso particular. Insistió en que "no me podía apartar de nada, porque no tenía ninguna función relacionada con esto".
Reconoció que esta situación le ha generado un perjuicio económico y moral muy grande "y esto en alguna forma debe ser enmendado". Estimó que será importantísima la notificación del fallo del Superior Tribunal de Justicia en lo referente al fuero Civil, que es la causa que inició la Agencia de Recaudación Tributaria a la contribuyente por falta de pago de impuestos por más de diez años.
Destacó que esa es la verdadera causa y sostuvo que "fue un caso de ejecución fiscal de la Agencia contra la contribuyente por falta de pago de impuestos". Agregó que tras ese fallo "seguramente quedará en evidencia que los responsables de una eventual irregularidad que hubiera existido han sido otras personas pero no yo".
Respecto al lote en disputa precisó que "la subasta se llevó adelante, ordenada por un juez civil, se aprobó por un juez civil, mi suegro que es el que más ofreció escrituró el lote y luego se lo vendió a una tercera persona que es la poseedora actual".
"No pagar los impuestos es una actitud antisocial cuanto mínimo, que alguien no pague los impuestos por diez años es digno de comentario, sobre todo cuando ha tenido la capacidad económica para hacerlo"
Martínez reiteró que "las cosas hay que tratarlas como corresponde, se está poniendo un prejuicio sobre un hecho que ha sido probado que no era como se presentaba y sobre la persona que no pagó los impuestos no se dice absolutamente nada y hasta se la presenta como si fuera una Carmelita Descalza".
Recordó que fue apartado del cargo en forma preventiva, a partir del escándalo mediático por la denuncia penal que hizo la querellante. "Después de 5 años ha llegado la conclusión inequívoca que lamentablemente ha sido una injusticia para mi persona, porque no cometí ningún delito y la querellante no aportó una sola prueba a lo largo de todo el proceso y yo probé que esos hechos eran completamente falsos".
Consideró que debe cumplirse la palabra del gobernador en su momento, que "me suspendía hasta que la justicia se expidiera, la justicia ya se expidió seis veces".
La causa comenzó con la denuncia realizada por Sandra Garibaldi en 2014 contra Martínez y familiares por los delitos de defraudación, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible con la función pública. Denunció que el entonces delegado de Rentas había mandado a ejecutar, por una deuda del impuesto inmobiliario, un lote que le pertenecía en la Península San Pedro. Advirtió que el comprador del lote en el remate fue el suegro de Martínez.
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