La consulta de un hombre que solicitó un servicio de sepelio ante la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) desnudó un sistema de cobranzas, creado desde el municipio, y que es aplicado en las ocupaciones de tierras sin que la prestadora conociera de su existencia. Ante esta situación, la empresa envió una nota para que se informe por qué la comuna funciona como un agente recaudador del servicio eléctrico.
La situación llegó hasta las oficinas de la CEB, donde una persona dijo pagar regularmente por el servicio a pesar de que no cuenta con un medidor a su nombre por habitar en un barrio no regularizado. El hombre consideró que le correspondían los mismos beneficios que a un asociado y disparó una señal de alerta por la operatoria que el municipio ejecuta en varias zonas de la ciudad.
La consulta al municipio, a la que accedió este medio, plantea la “preocupación” de la cooperativa por el cobro de sumas de dinero y recuerda al municipio que cualquier relación contractual con los vecinos que cuentan con conexiones clandestinas “debe estar informada y avalada por nuestra organización”. Además se menciona que el cobro del servicio eléctrico tiene que ajustarse al régimen de suministro vigente en la órbita del ente regulador (EPRE).
El documento oficial también advierte que el alumbrado público no habilitado, ubicado dentro de una de las tomas, debe ser reportado y normalizado de acuerdo a las normas de seguridad vigentes.
La documentación entregada por el municipio a los vecinos menciona un “Convenio de recupero costo servicio eléctrico” y apunta a la resolución 154-IMTVHS-2018. Según el detalle, los “beneficiarios” acuerdan pagar por el costo del proyecto de posteo y servicio eléctrico de su barrio, ya que luego el municipio gestionará la obtención del proyecto eléctrico ante la CEB.
Uno de los recibos de pago, con fecha del 23 de abril del 2018, detalla que las cuotas abarcan el “tendido eléctrico” e incluso se establece una “cláusula penal” ante una demora.
Recaudador
“Son parches que se le ponen a las situaciones cuando no se encuentra una solución de fondo”, justificó el titular del Instituto de Tierra y Vivienda, Javier Giménez (audio), acerca del sistema de cobranzas que apunta al área municipal a su cargo por ser el agente recaudador. En diálogo con Radio Seis reconoció que esa potestad le corresponde a la CEB, que podría aplicar una tarifa social, pero entendió que al tratarse de barrios populares a la cooperativa “le queda grande el saco”.
Giménez comentó que los convenios firmados por las familias que habitan en ocupaciones, permiten que el municipio tenga su propia oficina de cobranzas y así subsidiar la mitad de la facturación por los tableros comunitarios. La operatoria, según indicó, comenzó entre los años 2015 y 2017.
Si bien el funcionario admitió que el Instituto de Tierra es un “agente recaudador”, consideró que ese cobro debería quedar en manos de la CEB “pero estos convenios que se han hecho después hay que cumplirlos”.
Giménez detalló que los vecinos se comprometen ante el municipio a pagar una cuota mensual que ronda los 750 pesos, aunque aseguró que la recaudación es baja por el incumplimiento con los pagos por la electricidad.
“Es muy difícil porque estamos en el medio”, confió y explicó que todo aquello que se recauda en su oficina es informado al Ejecutivo municipal para que se aplique en una compensación de deudas con la cooperativa, aunque no pudo confirmar si la operatoria se completó según lo pautado. Para el funcionario “sería ideal” que este cobro quedara en manos de la CEB pero los habitantes de una toma no pueden acceder a los medidores hasta que no regularicen la situación de la tierra.
Para Giménez, las autoridades de la CEB “deben querer saber cuánto estamos recaudando” y opinó que, en Bariloche, “el sistema de la tierra es bastante raro”.
Dudas
Carlos Aristegui, presidente de la CEB, confirmó que todo comenzó a partir de varias consultas de vecinos que dijeron pagar por el servicio eléctrico y reclamaron por las prestaciones que realiza la cooperativa.
“Ante la insistencia de los vecinos nos surgió un duda y nada mejor que hacerlo formal y pedirle al ámbito de la municipalidad que corresponde que nos diga cuál es la situación”, mencionó aunque advirtió que el municipio no puede cobrar por dar energía a las viviendas.
Aristegui apuntó a conocer las explicaciones de la comuna ya que, en caso de reconocer el cobro por la distribución de energía, podría llevar a la CEB a enfrentar al ente regulador (EPRE) por estar infringiendo algún tipo de regulación de la Secretaría de Energía.
Acerca de una operatoria que serviría para la compensación de deudas entre ambas instituciones, dijo que la deuda actual del municipio con la CEB asciende a los 52 millones de pesos, aunque se podrían descontar unos 16 millones cuando se finalice el pago de los camiones que cedió el municipio a la empresa cooperativa meses atrás.
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