La designación de un abogado por parte del municipio en la causa OPS podría encontrar sustento en un informe de la sindicatura judicial, a cargo de fiscalizar los bienes de la empresa, que reclama una deuda de 21.257.280 pesos por el alquiler de motoniveladoras, excavadoras y camiones.
El caso tomó especial relevancia en los pasillos del municipio tras la llegada de la millonaria facturación que contempla el uso de los vehículos entre marzo y julio del 2019. El cálculo en cuestión refiere a una deuda mensual de 5.314.320 tras la visita de la sindicatura que se concretó durante la última semana de agosto.
La recorrida por el Corralón y las Delegaciones Municipales se llevó a cabo en compañía de los funcionarios. Aquel acercamiento se dio tras una primera reunión en Buenos Aires y sirvió para concretar una “revisión exhaustiva” de la cantidad de equipos que el municipio tiene y son propiedad de OPS.
Los representantes judiciales arribaron con la premisa de reencontrarse con los nueve equipos autorizados en una primera instancia. Sin embargo terminaron por constatar que el municipio cuenta con el doble de la maquinaria de la empresa y que no existe autorización judicial para los otros vehículos adquiridos.
Fuentes municipales indicaron que se prestó total colaboración por parte de los miembros del Ejecutivo pero que, al requerirles la documentación de contratación, solo pudieron informar sobre los contactos mantenidos a través de correos electrónicos sin poder corroborar las condiciones de los alquileres.
Pero los problemas no terminan allí para la gestión del Intendente Gustavo Gennuso. La visita a Bariloche reveló una situación a todas luces llamativa y cuya investigación quedó en manos de la Justicia. Una de las camionetas Toyota Hilux que recibió el municipio tiene una denuncia por robo en la ciudad de General Roca.
Las preguntas se multiplicaron ante la posibilidad de que pudiera recaer una prohibición de circulación en todo Río Negro además de un pedido de secuestro sobre la camioneta. Las aclaraciones quedaron en manos de las partes involucradas en las negociaciones.
La empresa propietaria de la maquinaria vial alquilada por el municipio se encuentra atravesando un proceso de quiebra tras una denuncia por presunto lavado de dinero. La causa se inició en 2016 pero la investigación se mantiene abierta. Durante ese lapso, representantes de OPS dieron paso al alquiler de la maquinaria disponible a distintos puntos del país.
Recientemente se conoció que el municipio contrató a un abogado especialista en concursos y quiebras, para seguir de cerca el expediente que está en manos del Juzgado en lo Comercial 31 de la ciudad de Buenos Aires.
En marzo el municipio ratificó la decisión de seguir adelante con la contratación directa del “servicio de alquiler de maquinaria vial sin chofer”, por medio de una resolución de Intendencia por un monto de 3.121.800 pesos, por 1.000 horas máquina, ante la necesidad de realizar “tareas urgentes” en diferentes sectores de la ciudad.
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