Formularon cargos a ex funcionaria por la contratación de Transporte Escolar en Bariloche

Judiciales

El Ministerio Público Fiscal imputó a Elba Edith Ostertag, ex funcionaria del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y a Marcela Andrea Carrasco una de sus empleadas por haber beneficiado a Rodrigo Agustín Chicaval, hijo de esta última, en distintas contrataciones directas del servicio de transporte escolar de San Carlos de Bariloche, entre 2019 y 2022.

Ministerio Público

(VDM Noticias).- Según indicó la fiscal Yanina Estela Passarelli, Ostertag en su carácter de Directora Contable y Subsecretaria de Coordinación Regional, y Carrasco como empleada de la cartera educativa, permitieron la contratación directa “en miras a la obtención de un beneficio propio y de un tercero, hijo de esta última”.

“En el período aludido, se autorizó la contratación directa del hombre en seis oportunidades a través de distintos expedientes, pese a la incompatibilidad por el vínculo entre el contratado y la mujer, prevista por el art. 19 de la Ley Provincial de Ética e Idoneidad de la Función Pública”, expresó la acusación para subrayar que, en diversas ocasiones, la contratación benefició al hombre por sobre otros oferentes que presentaban mejores condiciones.

El delito por el que se acusa a los tres imputados es el de "negociaciones incompatibles con la administración pública", las dos mujeres como autoras y el hombre como partícipe necesario.

El legajo penal se inició por una denuncia realizada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a partir de la cual la fiscalía penal inició una investigación preliminar que incluyó gran cantidad de documentación y permitió la realización de una pericia de más de un centenar de páginas realizada por el equipo de contadores del Ministerio Público. Con esta evidencia se formularon los cargos.

En la audiencia, además de detallar el sustento probatorio, la Fiscalía mencionó distintos expedientes en los que se habrían detectado irregularidades. A pesar de la oposición del abogado particular Diego Sacchetti, el juez interviniente Juan Martín Brussino Kain formuló los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de 4 meses.

 

9 mayo, 2024
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