Tras dos años de investigaciones la Fiscalía resolvió desestimar la denuncia que encabezó el legislador Ramos Mejía por supuestas irregularidades en la obra de la calle Mitre. El fiscal Guillermo Lista concluyó que la falla de la obra fue “una muy mala ejecución del asiento de los adoquines”.
Luego de esa definición el fiscal concluyó que hubo responsabilidades compartidas. A la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE) se le adjudicó fallar al confeccionar un pliego de bases y condiciones “defectuoso e incompleto”. Asimismo, la empresa Planobra incumplió con la confección de un proyecto ejecutivo acorde a la envergadura de la obra y ejecutó de modo incorrecto los trabajos sobre la calzada. ”Hubo impericia del contratista en la ejecución y negligencia al no contemplar lo relativo a ingeniería vial en un proyecto ejecutivo”, resumió.
También se refirió al rol de la Dirección e Inspección Técnica, a cargo de Oscar Grimaux, que incurrió en “una grave irresponsabilidad al permitir que se llevara a cabo esa parte de la obra de vital importancia sin un proyecto ejecutivo y al no hacerle saber a UPCEFE de su importancia para una correcta ejecución de los trabajos”.
“Cabe preguntarse de qué modo llevó a cabo la fiscalización correspondiente, pues no contaba con un proyecto que hubiese permitido controlar la correcta colocación de los adoquines. A ello se suma que el responsable técnico de inspección dependiente de la DITO no formuló orden de servicio alguna que diera cuenta de la mala ejecución de esos trabajos, lo que hubiese permitido subsanar en tiempo oportuno el error técnico, evitando así el avance defectuoso de la obra que trajo aparejado las consecuencias ya conocidas”, agregó.
Lista entendió que la mala ejecución de la obra fue producto de “una serie ininterrumpida de negligencias e impericias que desde mi punto de vista no recaen en una única entidad o persona: hubieron deficiencias del pliego, incumplimiento en la confección del proyecto ejecutivo, ejecución incorrecta de los trabajos y falta de fiscalización adecuada”.
Responsabilidades
La investigación también recayó sobre los funcionarios públicos que intervinieron en alguno de los procedimientos administrativos. El fiscal confió que la posibilidad de afectar a la administración pública debe ser de “carácter doloso”, de manera que el funcionario haya tenido pleno conocimiento de haber estado cometiendo tal infracción. En cambio prefirió definir que se trató de una “simple irregularidad funcional”.
Respecto a los integrantes de la UPCEFE dijo que solo se les podría reprochar su falta de pericia en el ejercicio de sus funciones: “lo cierto es que el motivo principal de los errores en la ejecución de la obra se debieron a la ausencia de un proyecto ejecutivo, cuya confección estaba a cargo de la empresa contratista y no de un funcionario del gobierno, a lo que se suma una deficiente fiscalización, función también tercerizada y delegada en una empresa privada”.
El caso
La denuncia penal para investigar la obra de calle Mitre fue realizada el 29 de agosto de 2017 por el legislador Alejandro Ramos Mejía (FpV). Por aquel entonces recordó que el 4 de enero de 2016 se dio inicio a los trabajos de remodelación, anunciada por el gobierno provincial, con un plazo de ejecución de 270 días.
La empresa que ganó la licitación para la obra fue Planobra SA, de la Ciudad de Buenos Aires, con un presupuesto de aproximadamente 60 millones de pesos.
Ramos Mejía señaló que la obra no sólo demoró mucho más tiempo que el acordado, sino que la empresa la abandonó intempestivamente, dejándola sin finalizar y adeudando sumas de dinero a sus trabajadores y proveedores.
Ante los defectos estructurales que presentaba la obra, el pedido del legislador se concentró en hacer que se investigue si las irregularidades en la ejecución o la ausencia de una fiscalización adecuada implicaban una posible comisión de delitos.
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