Luego de varias instancias procesales, la sentencia del juzgado en lo Civil Nº 5 quedó firme y dos personas, que ya fueron condenados, deberán indemnizar a 127 familias afectadas por dos proyectos de desarrollo inmobiliarios que nunca fueron concretados. Solidariamente, un gremio y una consultora también deberán abonar, aunque no formaron parte de la sentencia penal.
Los implicados en estos casos fueron la Unión Personal de la Nación (UPCN) seccional Río Negro y a la Consultora de Soluciones Patagónicas SRL (COSPAT), junto a Walter Urs Kopprio y Claudio Helmuth Oyarzun Salgado. Todos ellos deberán resarcir a los damificados.
Los mencionados proyectos fueron denominados "Barrio Social Nahuel Hue II" y "Barrio San Juan", que fueron prometidos pero nunca se materializaron a pesar de que los damnificados habían pagado cuotas para lotes y viviendas.
El proceso judicial, iniciado en el Juzgado Civil de Bariloche, estableció que todos los involucrados en el proyecto son responsables de manera solidaria y concurrente por el daño ocasionado y se les exige compensar económicamente a los damnificados. Esta decisión fue ratificada por la Cámara de Apelaciones de Bariloche y el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que rechazaron los recursos de apelación presentados por los demandados.
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Además, en un contexto relacionado en el fuero Penal, en un juicio abreviado Kopprio fue declarado coautor penalmente responsable de estafas reiteradas, recibiendo una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.
Los demandantes describieron cómo se promocionaron los proyectos desde el año 2009. En sus testimonios mencionaron que los pagos se realizaban en la sede de UPCN en Bariloche, donde también se exhibían planos y maquetas de los proyectos. Con el tiempo, y debido a la falta de avances, y la ausencia de trámites apropiados para la construcción, los afectados iniciaron reclamos y denuncias, lo que culminó en la demanda judicial.
El Tribunal reconoció un daño moral adicional por el abuso de confianza y la desilusión causada a los damnificados, quienes vieron frustrados sus proyectos habitacionales y económicos.
*Con información del Poder Judicial
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