*Por Leonardo Carrizo (lcarrizo1@artear.com)
La firma de una concejal con mandato vencido es el principal detonante de un polémico acto administrativo por el que se hizo entrega de tres licencias de taxis. La convocatoria fue aprobada por el Concejo Municipal en octubre de 2019 pero la adjudicación finalizó en febrero de este año pasando por alto la obligatoriedad de contar con un representante de la actual nómina de concejales, para certificar y garantizar la transparencia del acto público, en una compulsa que reunió a 30 interesados.
La iniciativa surgió en mayo de 2017 de la mano del bloque oficialista de Juntos Somos Bariloche (JSB), con un proyecto que reservaba un cupo de tres habilitaciones para personas con discapacidad y con pasado como taxistas o remiseros. Sin embargo aquella intención navegó los pasillos del Deliberante durante los siguientes dos años hasta que logró ser aprobada en la sesión del 3 de octubre de 2019, con un grupo de concejales mirando de reojo la puerta de salida y otros apurando gestiones para definir su futuro inmediato.
De allí en más fue el Ejecutivo Municipal el que tomó la normativa y reglamentó la continuidad del procedimiento con una convocatoria abierta, para cualquier interesado que cumpliera con los requisitos, que tuvo lugar entre el 11 de noviembre y el 20 de diciembre del mismo año. Las impugnaciones se recibieron entre el 9 y el 17 de enero del 2020 y se dio paso a una comisión evaluadora que garantizara una evaluación, y posterior adjudicación, en el marco de la ley, para tranquilidad de los postulantes.
Pero es en este punto donde se originó el conflicto. Según la ordenanza 3078/19 esa comisión estaría integrada por dos miembros de la Jefatura de Gabinete, dos referentes del área de Tránsito y Transporte municipal, y un concejal designado “para formar parte integral” del procedimiento, según anunció el municipio en un parte de prensa.
El rearmado del Concejo Municipal después del 10 de diciembre supuso demoras en la conformación del grupo evaluador, pero el Ejecutivo consideró que no había tiempo que perder con la resolución de un tema que surgió en 2017. Así fue que el 3 de febrero de este año se reunió la comisión evaluadora con un integrante al que no le afectó el paso del tiempo: la coordinadora del Observatorio de Seguridad Vial, Cristina Painefil, quien para entonces había cumplido, holgadamente, su mandato como concejal.
Una semana más tarde, el 10 de febrero, la comisión volvió a reunirse. El acta que registra ese instante determina que se resolvió cerrar el proceso de evaluación de los postulantes, se designó a los beneficiarios de las licencias y se mandó a confeccionar la resolución que le puso final a la compulsa, no sin antes contar con la firma del intendente Gustavo Gennuso.
Sin haber sido notificados de lo ocurrido, el Concejo Municipal escogió a sus nuevos representantes para la comisión evaluadora y esperó. El 12 de diciembre de 2019 quedó oficializado el nombramiento de Ariel Cárdenas (Bariloche por el Cambio) y Marcelo Casas (Frente de Todos) para ayudar en la asignación de las licencias. Aún así el 17 de marzo Gennuso dio el visto bueno a la resolución 747-I-2020 y adjudicó las habilitaciones 228, 229 y 230.
Ya sumergidos en la pandemia, el 4 de agosto el municipio comunicó la entrega “de forma excepcional” de las licencias a los tres adjudicatarios. En una gacetilla oficial se pudo constatar un acto protocolar, que guardó distancia social y mediática, con la presencia del intendente Gennuso y la coordinadora de Seguridad Vial y ex concejal Cristina Painefil, quien aprovechó el momento para destacar la importancia de que los favorecidos “hoy puedan tener un trabajo digno”.
Explicaciones
El pedido de informes desde la oficina del concejal que debía conformar la comisión evaluadora salió desde el Deliberante el lunes, 24 horas antes del envío de la comunicación del municipio. Cárdenas se hizo eco de la resolución de Intendencia y de la “consulta de vecinos” sobre el procedimiento. Además el 5 de agosto presentó la nota ante la Comisión Legislativa con destino al despacho del jefe de Gabinete, Marcos Barberis, y al subsecretario de Tránsito y Transporte, Martín Trebino.
El concejal elaboró un listado con once pedidos acerca de lo actuado desde el Ejecutivo. Las consultas van desde la solicitud de datos respecto al número de postulantes, copia del acta en la que se designó a los tres beneficiarios y de la constitución de la comisión evaluadora, las impugnaciones y los criterios utilizados para la adjudicación, entre otras preguntas que, en resumen, piden recrear la totalidad del procedimiento administrativo.
Uno de los funcionarios que deberá contestar el pedido de informes es el Jefe de Gabinete del municipio. A pesar de que aún restan horas para llevar su respuesta al concejal, tiene cinco días hábiles desde la recepción de la nota, accedió a conversar con este medio y descartó que el procedimiento haya incumplido con la normativa.
Barberis argumentó que el proceso de adjudicación comenzó en 2019 y reconoció que Painefil integró la comisión evaluadora bajo la figura de “concejal mandato cumplido” por tratarse de un acto administrativo que se inició cuando aún integraba el Cuerpo legislativo de la ciudad. Además confió que aportará la documentación para aclarar los hechos.
El caso encendió alarmas en varios sectores. Quienes discuten la entrega de habilitaciones se enfocaron en el modo en el que se llevó a cabo el procedimiento, dejando todo bajo la órbita del Intendente Municipal, e incluso desde la oposición se animan a pensar que el acto será declarado nulo y que se tendrán que volver a adjudicar las habilitaciones.
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