El proceso judicial que mantiene en suspenso la modernización del cerro Catedral logró su primera muestra de avance tras varios meses de litigio. El legislador Alejandro Ramos Mejía (Frente de Todos) confirmó que desistió de continuar con la demanda que impulsó y acordó una serie de lineamiento para mejorar el contrato original.
Ramos Mejía recordó que en su momento reclamaron espacios de diálogo y una serie de puntos que debían estar contemplados. Comentó que recién después de las elecciones de septiembre se abrió una mesa de discusión y se modificaron la gran mayoría de los puntos del contrato original.
"Tenemos que pensar en términos colectivos y qué es lo mejor para la ciudad", expresó y por eso se acordaron una serie de pautas que no estaban consideradas inicialmente. Entre ellas mencionó el acceso al trabajo y la mano de obra local. "Es la primera vez en la historia de Bariloche que una empresa se obliga a contratar mano de obra local, no sólo en su ámbito sino en el de sus contratistas", sostuvo y agregó que se acordó asumir la responsabilidad de los servicios y realizar estudios de impacto ambiental que no estaban contemplados.
Además dijo que aquellos proyectos vinculados al desarrollo inmobiliario deberán pasar por el Concejo Municipal. Por otro lado explicó que se establece la obligatoriedad de aplicar la ordenanza de plusvalía para cualquier desarrollo.
El legislador se refirió a la creación de una Comisión de Seguimiento con participación vecinal para analizar las inversiones y se instituye un piso para el canon de 13.500 pases y la obligación de revisión trianual.
También se mejora el acceso a los pases para los estudiantes del CRUB y la Escuela Municipal de Montaña y se instituye una escuela de capacitación "para nuestros pibes", para que tengan acceso al trabajo, que estará a cargo de la concesionaria.
"En este contexto a mí me parece que era un proceso válido para dar y en la medida que se fue cumpliendo con todos los recaudos me parece que corresponde avanzar con el proyecto en función del bien colectivo", remarcó en diálogo con Radio Seis.
Consultado respecto a cómo se llegó al acuerdo dijo que esto mejora lo que se había contemplado inicialmente. "Quién puede oponerse a un reclamo histórico de buena parte de la sociedad, que es que nuestros pibes tengan derecho a tener trabajo en el cerro Catedral y empresas contratistas", dijo.
Ramos Mejía también explicó que "hay que hacer algún tipo de autocrítica vinculada a la judicialización de alguna parte de las cuestiones políticas". Manifestó que probablemente el contrato sea mejorable pero "la ciudadanía ratificó al Intendente en las elecciones de septiembre con lo cual el rol que nos toca de oposición no puede ser sustituir el rol del Intendente o Concejales o pretender que los jueces vengan a tomar decisiones que tiene que tomar la política".
En última instancia reconoció que procesos como este llevan muchos años pero "uno no puede posponer a través de una medida cautelar de orden provisorio el desarrollo de un pueblo y el acceso al trabajo". Afirmó que "mantengo mi opinión y me voy a oponer siempre a un desarrollo inmobiliario masivo que en su momento se anunció".
No obstante la causa judicial continuará su trámite en la Justicia ya que los otros codemandantes, Daniel Natapoff, Ana Marks y Edith Garro, quienes también habían apelado la decisión del Concejo Municipal, mantienen su decisión de aguardar una resolución por parte del Superior Tribunal de Justicia.
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