Luego de tres semanas de debate, el viernes (15/11) se formularon los alegatos de clausura donde el fiscal Martín Govetto solicitó que se declare a un hombre como responsable por los delitos de grooming, corrupción de menores, amenazas, coacción, distribución, tenencia y producción de imágenes de abuso sexual infantil. Los hechos ocurrieron desde el año 2017.
El fiscal pidió contemplar estos casos bajo dos perspectivas; la de violencia de género, considerando que todas las víctimas son niñas y adolescentes, que fueron agredidas por un hombre; aprovechándose de una relación asimétrica de poder y el interés superior del niño, niña y adolescente. “Todas las víctimas, menos una, son menores de edad", reveló.
"Entiendo que pocas veces vamos a tener un material de cargo tan extenso, vinculado entre sí y que no deje duda en cuanto a la autoría y materialidad. Esto es porque pudimos reconstruir, con mucho trabajo técnico de varias disciplinas que confluyeron en el mismo, de qué manera fueron atacadas estas víctimas", detalló acerca de la investigación.
Govetto detalló la prueba producida en el juicio, donde declararon alrededor de cuarenta personas entre profesionales intervinientes, agentes policiales de distintas provincias, víctimas y familiares de éstas, que sustentaron la acusación de 23 hechos que constituyen diferentes delitos contra la integridad sexual de niñas y jóvenes.
Según la información aportada por el Ministerio Público Fiscal, algunas de las niñas y jóvenes víctimas brindaron su testimonio en forma personal, tras viajar desde Buenos Aires o Córdoba junto a sus familias. Otras en cambio lo hicieron desde las provincias de Formosa, Chaco, Misiones, y Mendoza mediante el sistema de videoconferencia. En un caso en particular se dispuso de una intérprete de Lengua de Señas Argentina, para facilitar el testimonio de la joven.
El fiscal también consideró que algunos de los hechos traídos a juicio pueden ser valorados como doble y triplemente agravados por las amenazas, el engaño y la edad de las víctimas: "se llevó a las niñas a ingresar en un mundo de adultos con un despertar abrupto de su sexualidad, irrumpiendo de manera violenta en su normal desarrollo y actuando de forma prematura". En cuanto a la tenencia, producción y distribución de imágenes de abuso sexual infantil, consideró como agravante la edad de las víctimas de estos hechos.
En tanto, el fiscal jefe Martín Lozada dijo que el imputado "ha gozado de las aptitudes que tornan viable su punición. En primer término, debido a que en todo momento pudo comprender el sentido otorgado por el legislador a las normas penales cuya violación se le viene atribuyendo. Pudo comprender el alcance y el significado de las normas penales que aquí nos atañen y más aún, gozó de la posibilidad de actuar de otro modo, mediante una auto-determinación libre y autónoma, propia de quien ejerce las cualidades de lo que se ha dado el llamar el libre albedrío".
Más tarde de acuerdo a lo expresado en los testimonios de los psicólogos y psiquiatras a cargo de las pericias sobre el acusado, Lozada dijo que "consideramos que éste ha superado con creces el test de culpabilidad, lo cual habilita su punición por autoría de delito doloso en nuestro sistema de garantías constitucional. Y por tal motivo, solicitamos al tribunal disponga un veredicto de culpabilidad respecto al imputado, en relación a cada uno de los delitos por los que aquí se lo ha acusado", finalizó.
La defensa solicitó que el acusado sea considerado inimputable de los hechos que se le atribuyen por padecer una patología mental previa y por estar sumido en un cuadro de estrés-postraumático e hizo hincapié en una situación vivida en su infancia capaz de generar ese estado.
El Tribunal integrado por Bernardo Campana, Romina Martini y Ricardo Calcagno dará a conocer la sentencia resultante de este juicio en los próximos días.
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