Una falsa amenaza de bomba a una escuela secundaria de Bariloche terminó con una responsable identificada. Se trata de una adolescente que fue considerada “menor punible” y a quien se le formularon cargos por el delito de intimidación pública. Sin embargo, por la situación de la joven, se trabajará en una “solución alternativa” mientras corren los cuatro meses de investigación que otorgó el juez de Garantías.
La acusación del fiscal partió de un llamado telefónico al 911 el pasado 9 de mayo, alrededor de las 15,25h, donde se informó de la existencia de un artefacto explosivo en el edificio del ex Ángel Gallardo. La situación demandó el despliegue de varias fuerzas de seguridad y un rastrillaje con resultado negativo.
Por ese caso se abrió una investigación en la que se trabajó con el registro de llamados hasta que se logró identificar al titular de una línea telefónica y su vinculación con la adolescente acusada de realizar la advertencia.
Desde el Ministerio Público Fiscal se indicó que el Régimen Penal de la Minoridad (Ley 22.803) señala que es punible el menor de 16 a 18 años de edad. Además menciona que para el caso de penas de cárcel que no excedan los dos años, multas o inhabilitaciones, “se abordará una salida alternativa a la situación planteada en el día de hoy en el marco de la audiencia”. Además, en el marco de las consideraciones previstas en la normativa provincial, nacional e internacional que protege los derechos de los niños y adolescentes, se explicó que "no se brindará dato alguno que permita la identificación de la persona menor punible, ni de su entorno escolar ni familiar".
El protocolo
La titular de Protección Civil, Patricia Díaz, dijo en Radio Seis que ningún llamado que advierte de un aparato explosivo puede ser descartado. Es por eso que en primer lugar se le da aviso a la Justicia, tanto federal como provincial, ya que también se solicita la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ya que son quienes tienen los equipos de búsqueda de explosivos, además de las herramientas para detonarlo.
La funcionaria detalló que tras el aviso un integrante de Protección Civil se reúne junto a los policías en el lugar y se contacta al responsable del edificio, particular o estatal, para ordenar la evacuación no solo de la estructura amenazada sino también la de los edificios vecinos. “Se evacúa lo que sea potencialmente receptor de una onda expansiva. Y se manda a toda esa gente a un lugar seguro, un punto de encuentro que ya está predefinido por sus planes de evacuación”, explicó.
El siguiente paso será requerir la presencia de bomberos voluntarios y se activa al sistema de salud. “Todo eso lleva un tiempo que generalmente está aproximadamente entre la hora y media y las tres horas”, agregó respecto a la importancia del despliegue ante cada episodio.
Luego se procede a revisar el edificio con especialistas y con un perro. Recién ahí, cuando se constata que es una falsa alarma, se le informa al responsable del colegio para que haga la denuncia correspondiente. “Todo esto lleva el movimiento de aproximadamente unas 20 personas”, según el tipo de operativo que se coordine, “más el estrés que le genera a la persona que tengo que bajar del edificio de al lado, porque la tengo que sacar de su casa porque uno nunca sabe si puede ser cierto o no”.
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