La empresa señalada como responsable de los daños en la estructura del puente Negro rechazó la acusación del municipio. Por el contrario, desconoció a la Asesora Letrada como representante legal, solicitó información acerca de los peritajes realizados sobre la estructura y pidió la intervención de la Fiscalía de Turno.
El pedido del municipio surgió tras el paso de un camión de Transportes Don Miguel que el 9 de septiembre utilizó el puente para llegar desde la ruta 82 a Villa Los Coihues. A la vista de los vecinos del lugar, la estructura se resintió del peso del vehículo y quedó visiblemente deformada. El informe posterior evidenció que las reparaciones demandarán 761.267 pesos.
Desde la Asesoría Letrada se envió una carta documento a la sede central de la empresa, ubicada en la localidad cordobesa de Río Cuarto. En ese documento se mencionó la “impericia y negligencia” del conductor quien desatendió los carteles que indicaban un máximo de 8 toneladas frente a un camión que, según estimaciones, pesaba unas 28 toneladas.
La respuesta desde la empresa tardó algunas semanas en llegar y acusó “amenazas de desmedro patrimonial y falsas acusaciones”. En el documento al que accedió B2000 el socio gerente, Gonzalo Miguel Croatto, apuntó contra la asesora Natacha Vázquez y dijo que “pone a disposición ilegítimamente un cargo que no acredita fehacientemente”.
Croatto dijo que no existe “respaldo legal alguno” y defendió al chofer de su empresa señalando que el puente no contaba con restricción de altura. También mencionó que el municipio desconoce el peso del camión y que no se le informó en qué condiciones se encontraba el puente.
En otro párrafo solicitó la intervención del Colegio de Abogados para ratificar si Vázquez se encuentra matriculada, el nombre de la empresa a cargo de los trabajos realizados, y el informe técnico y los peritajes que cuantificaron los daños en la estructura.
El asesor en proyectos del Plan Castello, Alfredo Milano, anticipó hace algunas semanas que las reparaciones incluirán refuerzos en las vigas del puente para no desarmarlo. Por aquel entonces el equipo técnico aguardaba una respuesta de la empresa para contar con el dinero necesario, de lo contrario “el Municipio tendría que hacer el trabajo y después cobrarle al responsable de lo sucedido”.
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