La decisión que tomó el directorio de Parques Nacionales, que dejó la causa por usurpación en Villa Mascardi para no “entorpecer” las negociaciones que lleva adelante el gobierno, derivó en una presentación judicial que impulsan los vecinos de la zona contra el organismo. Este viernes (24/9) dieron a conocer que la Junta Vecinal dio paso a una querella penal contra los funcionarios involucrados.
A través de una carta que hicieron pública, explicaron que solicitaron en varias oportunidades la intervención de las autoridades para el desalojo de “intrusos” que atentan contra los vecinos y sus propiedades. Es por eso que reclamaron por la recuperación de los predios que domina la Lof Lafken Winkul Mapu “para garantizar la seguridad, terminar con los hechos de violencia, proteger el medio ambiente y reafirmar la soberanía nacional”.
El abogado patrocinante de la Junta Vecinal será el dirigente de Juntos por el Cambio Nicolás Suárez Colman. El hecho que se le critica a la Administración de Parques Nacionales (APN) es la decisión de no elevar a juicio la causa y abandonar su participación como querellante para no “entorpecer” las negociaciones que mantiene el gobierno con la comunidad mapuche que se asentó en 2017.
"Reclamamos que la APN ejerza las funciones que emanan de su constitución, preservando un bien de dominio público central para los argentinos y para todos aquellos visitantes que disfrutan de un lugar de características únicas. Repudiamos la violencia y exigimos que las autoridades, lejos de negociar en un marco de secretismo y oscuridad con usurpadores que no tienen ninguna voluntad de llegar a un acuerdo, lleven adelante las medidas necesarias para resolver este conflicto de forma inmediata", sostuvo Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal Villa Mascardi.
Para los vecinos, “es innegable que se trata de una decisión de una gravedad institucional, ambiental, económica y social alarmante”, mencionaron en la carta y acusaron que la decisión que se tomó fue dudosa porque “implicó postergar la condena a delincuentes que avanzaron sobre tierras de dominio público. Esta decisión causó perjuicio no solo a los vecinos del lugar sino de todos los habitantes de la ciudad de Bariloche y de los turistas que visitan la zona”.
En la nota recordaron que este último episodio se originó el 27 de junio pasado, cuando se hizo pública la resolución 292/2021 del organismo nacional. Explicaron que la APN se había constituido como querellante en el año 2017 ante las usurpaciones de un bien de dominio público. También mencionaron la intervención de “una agrupación autodenominada Lof Lafken Winkul Mapu”, y denunciaron que los integrantes de ese grupo “actuaron de forma violenta y clandestina, amenazando a los vecinos, invadiendo inmuebles y enfrentándose con armas con la fuerza de seguridad a cargo de la custodia, llegando incluso a producir lesiones leves a una agente del Cuerpo de la Policía Montada”.
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