Una reunión con los referentes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación definió la salida de Parques Nacionales de la causa por usurpación en Villa Mascardi. La decisión fue oficializada el domingo 27 de junio a través de un acta que instruye a no presentarse en la etapa de clausura de la instrucción y elevación a juicio contra los integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu.
Sin embargo, además de la intervención de las áreas de gobierno comandadas por Juan Cabandié y Horacio Pietragalla, el documento oficial relata una consulta previo a la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zannini, el ex secretario Legal y Técnico durante el gobierno de Néstor Kirchner y candidato a vicepresidente de la Nación, quien señaló que “la decisión de iniciar o no iniciar, así como de proseguir o no proseguir acciones judiciales … supone una evaluación de oportunidad y prudencia política, que constituye una función ajena a este organismo, toda vez que las funciones de promover o contestar acciones están a cargo de las respectivas autoridades superiores del organismo pertinente”.
El pedido desde las altas esferas del gobierno fue “no entorpecer las negociaciones que se vienen llevando adelante con la Lof Lafken Winkul Mapu”, por lo que el Directorio de Parques Nacionales terminó por resolver la salida del organismo de una causa que continuará con la Fiscalía Federal al frente de la solicitud de desalojo del predio en conflicto.
De esta manera, el organismo nacional decidió correrse de la disputa que surgió el 10 de noviembre de 2017 cuando en el predio nacional se advirtió una bandera con la leyenda “Territorio Mapuche recuperado Lof Lafken Winkul”. Tras ese suceso, fue la Dirección General de Asuntos Jurídicos la que se constituyó como querellante, mientras que en 2019 hizo lo propio la Administración de Parques Nacionales en la causa por usurpación.
En el marco de esas actuaciones judiciales fueron procesadas las siguientes personas: Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yessica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Betiana Ayelén Colhuan, Cristian Germán Colhuan, Joana Micaela Colhuan, señalados por ser integrantes a la comunidad mapuche que se asentó en el predio, como coautores del delito de usurpación previsto en el artículo 181, inciso 1° del Código Penal de la Nación.
El proceso judicial prevé que serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años "el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes".
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